Ésta semana, la representación política del Gobierno y la
representación política de la oposición, tomaron una serie de decisiones, en
las que se vieron afectados varios de nuestros Derechos Constitucionales, decisiones
que sin más, se encuentran amoldadas a los intereses particulares de los unos y
de los otros, y no los de nosotros, los intereses generales de todos los
ciudadanos venezolanos. Debo señalar, que he disminuido al máximo posible el
tecnicismo legal, intentando mantener un lenguaje que sea del entendimiento de
todos, con el objetivo de que, bajo la simpleza de mi análisis, logremos
entender la gran mentira que tanto el Gobierno como la MUD han dirigido a los
ciudadanos venezolanos, para mi gran sorpresa, el “Diálogo” resultó en un comunicado emitido de manera conjunta, dónde
se expresaron una cadena de falacias que aparentan ser un avance a la solución
democrática de los problemas gubernamentales que exigen los venezolanos, sí
leíste bien, el "Dialogo" resultó ser un pacto de mentiras, inequívoco
y perjudicial, que en nada resuelve a corto plazo nuestros problemas sociales,
políticos y económicos. Ahora bien, ¿Porque
hablo del acuerdo de mentiras del Gobierno y la MUD?, a tales efectos, vamos a analizar los
cinco acuerdos fundamentales que firmaron el Gobierno y la MUD tras finalizar
la segunda plenaria del proceso de diálogo el día de hoy, 11 de Noviembre del
año 2016, leídos por el enviado del Vaticano, monseñor Claudio María Celli,
para ello analizaremos punto por punto, lo acordado:
I
“En el campo económico – social el Gobierno Nacional y la
MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje,
boicot o agresión a la economía venezolana. Decidieron priorizar en el corto
plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y
alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación.
Promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores
público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de
adquisición y distribución de insumos y mercancías”.
El primer punto, está dirigido a una solución para la
crisis económica que tenemos en el país, por ello comienzan su comunicado
hablando de “campo socio-económico”, dónde
acuerdan trabajar de manera conjunta en un plan que permita combatir toda forma
de “sabotaje, boicot o
agresión a la economía venezolana”.
Estas líneas, son referencia del señalamiento que constantemente se empeña en hacer el Gobierno Nacional
para salvarse de culpas de la crisis económica, expresando que la MUD en conjunto
con las grandes empresas privadas venezolanas, entre éstas Grupo Polar, y con
el financiamiento de ciertos gobiernos internacionales, implementan un plan al
que llaman “Guerra Económica” para afectar la economía venezolana e
inculpar al gobierno de la crisis, idea que se ha criticado, puesto que, el
grosor de las empresas de producción nacional actualmente existentes en Venezuela,
están bajo la propiedad y administración del Estado Venezolano, y se señala,
que la crisis económica, se ha debido más al cierre de la mayoría de las
empresas del sector privado, la falta de inversión del sector privado en el
país, por no existir una seguridad jurídica ante la latente amenaza de
expropiación de las empresas, y la mala administración que han tenido las
empresas socio-productivas, incluyendo, las que fueron expropiadas por el
gobierno nacional.
Llama mi atención que en dicho
acuerdo se esté hablando que se combatirá el sabotaje, el boicot o la agresión
a la economía venezolana, acaso, ¿Estamos
diciendo que la MUD reconoció ante el Gobierno que ellos encabezaban realmente
una guerra económica?, o ¿El gobierno reconoció ante la MUD que ha boicoteado
la economía con todos los controles económicos – Control de Costos y Precios,
Control Cambiario, Control de Distribución, Aprobación de Guías de Movilización- y la mala
gestión de las empresas sociales – Quiebra de las empresas de producción que
fueron expropiadas-?, o ambos se reconocieron los dobles roles en la afectación
de la economía venezolana, lo que les lleva establecer al final, un acuerdo en
el que ambos se comprometen a “Promover
el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y
privado”, lo que lleva a
preguntarme, ¿En favor de quiénes?, aquí tenemos un avance, se logró una cooperación
en el diseño de los planes de producción nacional, lo que significa, que la
experiencia del sector privado en manejar bajo la crisis económica sus empresas
sin haber quebrado, será tomada en cuenta, para las empresas de producción
social, quizás estemos hablando de concesiones de la administración de las
empresas sociales al sector privado para su manejo y desarrollo, puesto que el
Gobierno está reconociendo el déficit presupuestario, que no le permite si
quiera poder poner a producir las propias empresas sociales, incluyendo, las
que fueron expropiadas, para poder cubrir la demanda nacional de los bienes y servicios
que requiere la población venezolana.
Sin embargo, seguimos hablando de controles, cuando señala
que trabajaran conjuntamente “Para
monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución
de insumos y mercancías”, la experiencia ha demostrado que a medida que el
Gobierno aumenta los controles, mayor ha sido la corrupción y que el control
sobre un producto, consecuencialmente acarrea la desaparición éste, como ha
sido el caso de todos los productos que han sido regulados sus precios para la
venta al consumidor final, lo que originó una problemática mayor, la primera,
para los que venden legalmente el producto las inhumanitarias colas que debe
hacer la población para poder adquirirlos, además de un control para la
adquisición con la implementación de captahuellas, establecimiento de días por
terminal de cédula para adquirirlo y designación de cantidad de producto por
persona, la segunda, el nacimiento de una economía informal, que además es
ilegal, dónde ofrecen a la venta el producto, los llamados “Bachaqueros”, unos
que venden el producto al detal y otros al mayor (por bulto), para aquellos que
puedan pagar el producto a un precio que por mucho sobrepasa el 30% de ganancia
establecido por la ley para la venta, lo que lleva a preguntarme, ¿Éste acuerdo
realmente soluciona a corto plazo ambas problemáticas?. Ni hablar de los
controles sobre la importación, la distribución (Gobierno obliga dirigir una
parte de la producción de las empresas privadas para ser distribuidas por Mercal
y Pdval), los traslados de mercancía, venta del producto (lo que imagino
incluye los Comités Locales de Abastecimiento y Producción “CLAP”, que ya han
demostrado una amplia red de corrupción e ineficiencia para la población a la
hora de adquisición de los productos, hablando inclusive de exclusión de
familias por parte de los organizadores de los CLAP si no son afectos al
Gobierno) y fiscalización de los alimentos y medicinas -llama mi atención que
el 09 de Noviembre del 2016 se crearan los Consejos Productivos de
Trabajadores, los cuales “contaran” con un representante de la Milicia Nacional
Bolivariana, una mujer trabajadora de Unamujer y un profesional Militar de la
Zona de Defensa Integral de cada uno de los estados designado por la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) para cada consejo, y un joven profesional
representante de la Juventud bolivariana trabajadora y revolucionaria- ¿Serán éstos los que ejercerán la nueva forma
de control?, y si es así, ¿Cómo intervendrá el otro sector venezolano para que
exista una real Contraloría Social?.
Lo que curiosamente se plantea después de hablar del mantenimiento
o aumento del Control, que como ya expliqué, que en nada nos beneficia, se
decide “priorizar en el corto
plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y
alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación”,
otro logro, finalmente, después de mucho tiempo de penurias que hemos vivido
los venezolanos por la escasez de alimentos y medicinas, y la violación
constante por parte del Gobierno venezolano al Derecho a la Vida, Derecho a la
Salud y el Derecho a la Alimentación, al no reconocer la Crisis Alimentaria y
la Crisis de Salud, finalmente, se decide hacer algo. Lo que lleva a preguntarme, ¿Cómo será ese
proceso?, aquí claramente el Gobierno reconoce no tener los medios económicos
para abastecer el mercado de medicinas y alimentos, y deja claro, el veto
internacional de seguir financiando la crisis venezolana, lo que curiosamente ocurre,
después que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas difundiera el informe
anual sobre Venezuela, dónde manifestaron entre otras cosas, la preocupación
por éstas crisis y por las ejecuciones extrajudiciales que está llevando a cabo
por la Operación Liberación del Pueblo (OLP).
Esto lleva a otra pregunta más, ¿Qué empresas del sector privado se verán
beneficiadas de éstos suntuosos acuerdos?, si presumimos, que el Gobierno no
tiene recursos para soportar la carga alimentaria y de salud del país, y
manifiesta el acuerdo el abastecimiento será en un corto plazo -pero no, que
tanto-, estamos entonces, ante una evidente importación de productos y no de
producción nacional, puesto que una solución de producción nacional jamás será
a corto plazo, y el problema con la importación de productos, recae en el precio
de adquisición de la divisa de dólar, ¿Cómo sería ésta tasa cambiaria?, ¿Será
del mercado negro o a Tasa Oficial Dicom?, porque nada conviene al Gobierno,
entregar divisas extranjeras al sector privado bajo las otras tasas oficiales,
puesto que nada aporta a la economía venezolana, lo que a toda cuesta,
significa un mayor costo de la vida del venezolano, ya que la canasta básica
seguirá en aumento, y el salario, seguirá siendo insuficiente.
Por otro lado, ¿La MUD aceptó el mantenimiento del control
económico sobre alimentos y medicinas, cuando de aquí se puede deducir que el
Gobierno finalmente reconoció que en Venezuela existe una emergencia de salud y
alimentos en el país?, curiosamente, la misma emergencia que la Asamblea Nacional
decretó éste año, y que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
declaró Inconstitucional. Pregunto yo, ¿Y la Constitución?, es Constitucional que
el Gobierno y la MUD reconozcan la emergencia económica, pero es Inconstitucional
que la Asamblea Nacional en el ejercicio del mandato dado por el pueblo,
declare la Ley de Emergencia de Salud y la Ley de Emergencia Alimentaria – éste
hecho en mi opinión, es la evidencia pública y notoria de que la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no sólo se encuentra
politizada, parcializada al sector político del gobierno, sino también, la
inobjetividad de los magistrados y el desinterés de asistir a las problemáticas
sociales del pueblo, lo que es su deber ante una situación de crisis, más
todavía, el obligar al cumplimiento del mandato de la Constitución al Gobierno,
puesto que la responsabilidad de garantizar la salud y la alimentación es una
competencia del Estado -.
En éste punto, es importante señalar
que la MUD es una alianza de Partidos Políticos, los partidos políticos
representan la unión de personas ligadas a ciertos intereses particulares y
generales, los partidos políticos requieren de un Acta Constitutiva de una
Asociación Civil, por lo tanto, al llevar a cabo el Gobierno un acuerdo con los
Partidos Políticos, está llegando a un acuerdo sólo con las personas que
representan dichos partidos, una cosa es que los venezolanos sean adeptos a una
ideología, una visión de país, al seguimiento de determinado líder político, y
otra cosa muy distinta, es que un grupo de Asociaciones decidan los Derechos
Políticos, Económicos, Sociales, que sólo pertenecen a los ciudadanos
venezolanos, entendiendo esto desde el concepto más simple de Soberanía, somos
nosotros los que representamos nuestros propios derechos, los que tenemos el
poder de disposición de ellos, y por medio del sufragio, elegimos de los
Partidos Políticos, un grupo de personas, para que representen nuestros
derechos en los cargos de elección popular, es decir, el proceso electoral y el
ejercicio del derecho al voto, y finalmente, la elección de un Presidente, un
Gobernador, un Alcalde, un Concejal, un Diputado, representa la materialización
de un mandato de disposición acerca de nuestros derechos, lo que nuevamente me
recuerda aquella frase de Rousseau “No siendo la soberanía más que el ejercicio
de la voluntad general, jamás deberá alienarse, y que el soberano, que no es
más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder
se trasmite, pero nunca la voluntad". (“El Contrato Social”, Rousseau, Juan
Jacobo).
Los Partidos Políticos
representan muchas cosas, pero jamás representan legalmente y directamente la
soberanía popular, es decir, al firmar éste acuerdo ¿A quiénes están representando
y con qué facultad?, porque la facultad de representar al pueblo que exige la
salida democrática en éste caso, que vendría siendo el equivalente a la
oposición del gobierno, legítimamente lo tiene la Asamblea Nacional (Como Poder
Legislativo parte del Poder Público) no la MUD, en ése sentido el Artículo 62
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece “Todos
los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los
asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o
elegidas”, entonces, si nuestros representantes elegidos son los Diputados de
la Asamblea Nacional, siendo minimalistas, pero más allá, los representantes de
los ciudadanos venezolanos, son todos aquellos que han sido electos bajo el ejercicio
del derecho del sufragio, esto es Presidente, Gobernadores, Alcaldes, Diputados
de la Asamblea Nacional, Concejales de los Consejos Legislativos Estadales y
Municipales, ¿Por qué es la MUD quien firma éste acuerdo con el Gobierno, y no
quienes legítimamente nos representan?, sabiendo que legalmente, sólo estos, tienen
la eminente potestad de disposición de los derechos de los venezolanos, ¿Por qué
no suscribieron éste acuerdo los 5 Poderes Públicos?, si la problemática social
debe ser resuelta por el Poder Público Nacional como así lo establece la Carta
Magna, más allá de las labores políticas.
Y es cuando me pregunto, ¿Por qué tuvo que esperar el Gobierno firmar un acuerdo con la MUD para reconocer la Emergencia Económica y de Salud?, ¿Por qué el Gobierno ahora es que decide cumplir con el mandato Constitucional de garantizar los alimentos y medicinas al pueblo?, ¿Por qué ahora si está dispuesto a recibir las medidas humanitarias?, es decir, ¿Por qué ahora si va a recibir los envíos de medicinas y alimentos que de distintos modos organizaciones internacionales y comunidades organizadas han intentado hacer llegar a Venezuela?, ¿Por qué ahora no nos podemos dar el lujo que por meses se ha dado de rechazar las ayudas devolviendo los medicamento y medicinas?. A todas éstas, se trata de una solución tomada por ambos grupos políticos a destiempo, tiempo que ha costado muchas vidas de venezolanos, siendo ésta la verdadera prioridad que teníamos, la preservación de la vida, que es un derecho fundamental, pero ni el Gobierno y ni la MUD decidieron con anterioridad preservar la vida, que era el verdadero motivo por el que debían haber iniciado el proceso de diálogo, no ahora, sino desde el mismo momento en que la crisis de salud y alimentos comenzó.
Y es cuando me pregunto, ¿Por qué tuvo que esperar el Gobierno firmar un acuerdo con la MUD para reconocer la Emergencia Económica y de Salud?, ¿Por qué el Gobierno ahora es que decide cumplir con el mandato Constitucional de garantizar los alimentos y medicinas al pueblo?, ¿Por qué ahora si está dispuesto a recibir las medidas humanitarias?, es decir, ¿Por qué ahora si va a recibir los envíos de medicinas y alimentos que de distintos modos organizaciones internacionales y comunidades organizadas han intentado hacer llegar a Venezuela?, ¿Por qué ahora no nos podemos dar el lujo que por meses se ha dado de rechazar las ayudas devolviendo los medicamento y medicinas?. A todas éstas, se trata de una solución tomada por ambos grupos políticos a destiempo, tiempo que ha costado muchas vidas de venezolanos, siendo ésta la verdadera prioridad que teníamos, la preservación de la vida, que es un derecho fundamental, pero ni el Gobierno y ni la MUD decidieron con anterioridad preservar la vida, que era el verdadero motivo por el que debían haber iniciado el proceso de diálogo, no ahora, sino desde el mismo momento en que la crisis de salud y alimentos comenzó.
Artículo: "El acuerdo de mentiras del Gobierno y la MUD (Diálogo)"
Parte I
Autor: Abogado Oreana Díaz.
Fecha: Noviembre 2016