El segundo punto del comunicado, está relacionado al contexto
político, sin embargo, las decisiones que tomaron en el buró político,
afectaron directamente las disposiciones establecidas en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela con respecto a los Derechos Políticos de los ciudadanos
venezolanos, muy especialmente, acordaron una violación a los Derechos
Políticos de la población del Estado Amazonas, disponiendo del Derecho del
sufragio de éstos, sin tener, como ya expliqué en la primera parte de éste
análisis, la legitimación de disposición de los Derechos Políticos de éstos. En
ése sentido, ocurren una serie de cosas en ésta parte del comunicado, que son
sumamente preocupantes, y dan la apariencia de ser más unas órdenes de un
régimen totalitario, que un acuerdo. Así tenemos que con respecto a la crisis
política que vivimos, se acordó:
II
“En el campo político, se acordó avanzar en la superación
de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal
Supremo de Justicia. En ese sentido se acordó instar a los poderes públicos
competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en
términos perentorios.
En el mismo contexto, se asumió el acuerdo de trabajar
conjuntamente, en el marco de lo establecido en la Constitución, para el
nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral, que culminan
su mandato en diciembre 2016”.
Reina el sarcasmo en el acuerdo, cuando el Gobierno hace
las veces de ser progresista y decide “perdonar”
el supuesto Desacato de la Asamblea Nacional que le fue levantada a la institución
pública después que se decidiera proclamar a los 3 Diputados electos en el
Estado Amazonas, cuya proclamación se había suspendido por una Medida Cautelar
que emitiera la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenaba
la desincorporación de los Diputados de Amazonas, mientras se decidía en el
Juicio si realmente había existido o no un fraude electoral (Sentencias de la
Medida Cautelar, inclusive, la Definitiva, podían ser revisables), a la fecha
del comunicado conjunto que emitió la MUD y el Gobierno no existía una Sentencia
Definitivamente Firme, en la que se declarara que efectivamente el proceso
electoral realizado en Amazonas por las que resultaron electos éstos 3
Diputados de la Asamblea Nacional, era fraudulento. Sin embargo, resulta que
tal Desacato nunca existió, puesto que bajo ninguna medida, la proclamación de
un diputado puede suspenderse, puesto que deviene de la expresión de la
voluntad de un pueblo que está por encima de cualquier poder público o del Estado,
ni existe en la Constitución, ni en la ley electoral, ni en las demás normativas
o reglamentos del Poder Electoral, una figura jurídica que ampare una “desproclamación”,
como así lo ha hecho entender inconstitucionalmente las decisiones el Tribunal
Supremo de Justicia, y bajo cualquier duda razonable de un fraude en un proceso electoral,
por su naturaleza jurídica debe primero demostrarse, puesto que en caso
contrario, la imposición de una Medida Cautelar que suspenda los efectos de un
proceso electoral, sin que se haya probado, comporta en sí misma una violación
de los intereses colectivos de los ciudadanos.
Pero el descaro de la violación de derechos en éste pacto
va más allá de las violaciones que ha cometido el Estado con el levantamiento
de una Medida Cautelar ilegalmente impuesta por parte del Tribunal Supremo de
Justicia, y no permitir el cumplimiento del mandato Constitucional, violando la
soberanía del pueblo, especialmente, yendo contra de la voluntad de los
ciudadanos de Amazonas que decidieron en ejercicio del derecho al sufragio que
los Diputados Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana,
representarían sus curules en la Asamblea Nacional, y es que, el Estado habla
de perdonar el Desacato ilegalmente impuesto, al mismo tiempo que insta a los
Poderes Públicos (Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral) a “actuar en la resolución de la
situación del caso Amazonas en términos perentorios”, es decir, que éste
supuesto “perdón” del desacato, es un reconocimiento del Gobierno de la nulidad
del procedimiento que se llevó a cabo ante el Poder Judicial para anular
fraudulentamente la mayoría calificada de la Asamblea Nacional al desincorporar
por un supuesto fraude electoral a los diputados de Amazonas, ya que a quien le
competía conocer del supuesto fraude era al Consejo Nacional Electoral, y al no
haberse realizado por ésta instancia, sino, ilegítimamente, y bajo un efecto de
usurpación al Poder Electoral, por el Poder Judicial, se llevó ante el Tribunal
Supremo de Justicia; es por ello que estamos ante la evidencia de un proceso
completamente nulo, y que el fallo en su definitiva era absolutamente
inejecutable, y que el Gobierno, a la fecha del Dialogo no tenía como demostrar
el fraude, puesto que al instar al cuerpo del Poder Público iniciar
procedimientos perentorios con respecto al supuesto Desacato de la Asamblea
Nacional, literalmente, está ordenando detener toda investigación relacionada
al caso a través de las vías procesales, que ponen fin al proceso por pérdida
de interés, falta de impulso procesal o por haber caducado el lapso para
poderlo intentar.
En palabras más sencillas, el gobierno tácitamente está reconociendo
la arbitrariedad de sus actuaciones y la imposibilidad de demostrar el supuesto
fraude, y la MUD, sin legitimación alguna vuelvo a insistir, por aquello que no
representan por mandato la soberanía de los ciudadanos venezolanos, dispone
ilegalmente de los Derechos Políticos de los ciudadanos de Amazonas, dejándose llevar
por la ambición de Poder para “restituir” al Poder Legislativo, y acepta éste “perdón”
del Gobierno a costa de realizar unas nuevas elecciones en el Estado Amazonas,
elecciones que el pueblo de Amazonas no está pidiendo, elecciones que mucho
menos han sido ordenadas por un Tribunal de la República, y proceso electoral
anterior que menos ha sido anulado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo
de Justicia, cuya validez del proceso electoral se está demandando en
representación de los ciudadanos del Estado Amazonas. Es lamentable que éste
acuerdo signifique una mayor violación de derechos, que la propia violación de
derecho al voto de los venezolanos cometida por los Tribunales Penales quienes
incompetentemente anularon el proceso del Referéndum Revocatorio en el mes
pasado, puesto que ésta violación se constituye en el desconocimiento de un
proceso electoral, legítimamente realizado, legítimamente válido, eco de una
expresión y una voluntad ciudadana, constituyéndose aquí un reconocimiento de
unos pocos que representan unos partido político de fraude electoral, que no ha
sido probado, ni mucho menos legalmente declarado el Poder Electoral o la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Es cuando me pregunto, ¿Cómo puede aceptar la MUD tal
aberración jurídica, irrumpiendo todos los procesos judiciales y
extrajudiciales que se estaban llevando a cabo para demostrar la legitimad del
proceso electoral y la validez de la razón de un pueblo?, y más aún, ¿Con que
Derecho disponen y violan un Derecho Constitucional de los ciudadanos de
Amazonas?, tal acto es una evidente imposición del gobierno, a cambio de
dejarles el camino libre en la Asamblea Nacional para “Legitimarla” y reconocer
el Poder, poniendo fin supuestamente, al conflicto de Poderes Públicos que
vivimos – lo que no se garantiza, ya que sigue existiendo la posibilidad de que
todo acuerdo que llegue la Asamblea Nacional se solicite su nulidad ante la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y es de conocimiento
público y notorio lo que ello significa-. No cabe a mi entendimiento que tras
la experiencia política e histórica, éste acuerdo se haya firmado “inocentemente”,
creyendo éstos que con el levantamiento del supuesto Desacato la Asamblea
Nacional podrá actuar con normalidad, ya que el autoritario, seguirá siempre siendo
autoritario, y el que ambiciona el poder, siempre lo buscará. La MUD decide sacrificar
los Derechos Constitucionales de un grupo de ciudadanos y la expresión de su
voluntad en ejercicio de plena soberanía, por una cuota de Poder, cuando
existía la posibilidad de demostrar Judicialmente la legitimidad del proceso
electoral realizado en el Estado Amazonas, ya que hasta el momento nunca
existió el supuesto fraude electoral. ¿Quiénes son la MUD para negociar la
voluntad popular?, ¿Y el Derecho al Acceso de la Justicia?, ¿Y el Derecho a la
Defensa?, ¿Y el Debido Proceso?, ¿Y el Pueblo de Amazonas no tiene derecho que
se respete su derecho al sufragio?, ¿Y el pueblo de Amazonas no tiene derecho a
que se respete su voluntad?, Está diciendo entonces la MUD, que por una cuota de poder, reconocen aquí lo que el Gobierno no ha podido demostrar.
Luego expone el acuerdo “En
el mismo contexto, se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente, en el marco
de lo establecido en la Constitución, para el nombramiento de los dos rectores
del Consejo Nacional Electoral, que culminan su mandato en diciembre 2016”.
Un logro a término medio, puesto que claramente es evidencia que el
nombramiento al cargo de 2 rectores que “representen
la oposición al gobierno”, no será exactamente así, al hablar que dicho
nombramiento se realizará de manera conjunta, estamos hablando que la MUD podrá
postular todos los candidatos a rectores que quiera, pero serán aceptados por
el gobierno sólo 2 rectores, los 2 rectores que para el Gobierno represente una
“objetividad”, o en palabras menos
elegantes, los 2 rectores que a éstos les dé la gana de aceptar.
En el contexto de los acuerdos sobre los Derechos Políticos
de los Venezolanos, nada se pronuncia acerca de una salida democrática y
Constitucional del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, ni de las
elecciones Gubernamentales las cuales por mandato Constitucional deben
realizarse. ¿Aceptamos la inconstitucionalidad de la realización de un nuevo
proceso electoral en el Estado Amazonas, y no exigimos el cumplimiento del
mandato constitucional a lo menos de las elecciones Gubernamentales?, no
menciono el Referéndum Revocatorio, puesto que bastante ya se ha hablado de esto,
y mucho hay que asumir sobre su fracaso.